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El pasado 3 de junio, se publicó en el BOE la Ley 8/2021, por la que se reforma la actual legislación en lo que se refiere al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Su entrada en vigor será tres meses después de su publicación, es decir, el próximo 3 de septiembre de 2021. A partir de esta fecha, se puede solicitar la revisión de cada caso, que deberá de tener contestación en un plazo máximo de un año. Si la persona afectada no solicita dicha revisión, lo tendrán que hacer motu proprio los tribunales, para lo que contarán con un plazo máximo de tres años.

La nueva Ley supone adaptar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Nueva York, 2006), que establece que estas personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

¿Qué es la incapacidad jurídica?

Es la situación por la que se establece que una persona física no tiene capacidad jurídica, y a veces tampoco capacidad de obrar por sí misma, y requiere de otra para regir su persona y/o sus bienes. Es un proceso reversible si se supera aquello que llevó a su declaración.

Solo un magistrado puede decidir el tiempo y los límites de la incapacidad, y ante él deberá de rendir cuentas el tutor, que siempre velará porque a su tutelado no le falte ningún tipo de bien ni de atención, ya sea educativo, médico o de alimentos.

¿Quién puede solicitarla?

  • El cónyuge o descendientes
  • Los ascendientes
  • Los hermanos
  • El Ministerio Fiscal

La entrada en vigor de esta reforma supone, entre otras medidas:

  • La creación de un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, para los que se les facilitarán los medios de apoyo que estos necesiten.
  • Se eliminan las figuras de:a. Tutela, figura por la que una persona toma decisiones en nombre de otra declarada incapaz, y que impide a este último hacer ningún acto jurídico.
    b. Patria potestad prorrogada, tutela de los padres más allá de la mayoría de edad de los hijos.
    c. Patria potestad rehabilitada, tutela sobre hijos mayores solteros con los que se convive y son declarados incapaces.
  • En su lugar, se crean tres nuevas:
    a. El guardador de hecho, persona cercana que prestará el apoyo cuando el afectado lo necesite. No conlleva proceso judicial.
    b. El defensor judicial, persona designada judicialmente para actuar en momentos puntuales para defender los intereses de la persona incapaz.
    c. La curatela, es una figura instituida por resolución judicial, cuyo objetivo es la protección del patrimonio y que tiene una finalidad más de asistencia que de representación (lo que lo diferencia de la tutela).
    Todas estas medidas de apoyo serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años, o en casos excepcionales de hasta seis, y siempre, ante cualquier cambio de la situación de la persona afectada.
  • Se modifica el modo de rendir cuentas del tutor o del curador, y solo será necesaria su presencia ante el juez, cuando lo solicite una de las partes.
  • Se modifican algunos preceptos en relación con la Sociedad de gananciales, cuando uno de los socios necesite medidas de apoyo, así como en las crisis matrimoniales, cuando haya de por medio, hijos mayores con discapacidad.
  • Se deroga la prodigalidad.
  • Además de las medidas anteriormente citadas, se modifican preceptos relativos a la Ley hipotecaria y artículos del Registro Civil (publicidad restringida de datos especialmente protegidos), del Código Penal (sobre responsabilidad civil derivada del ilícito penal) y del Código de Comercio, así como de la Ley del Notariado.